El juicio oral y público por la denominada «Masacre de Wilde», un emblemático caso de «gatillo fácil» ocurrido en 1994, en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes en esa localidad bonaerense, comenzó ayer en los Tribunales de Lomas de Zamora.
El debate se inició en la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2463 -ex Camino Negro- y estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.
Luego de los alegatos de apertura de las partes, se dio paso a los primeros testigos, que fueron Raquel Gazzanego y Patricia Corbo, viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, respectivamente; Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre; y los policías que realizaron las actuaciones iniciales en la escena.
El juicio comenzó casi un año después de la audiencia preliminar, en la cual la fiscal que estuvo a cargo de la acusación, Viviana Simón; los abogados de las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados detallaron el procedimiento de presentación de pruebas.
Los procesados que llegaron a juicio son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez, todos en libertad.
Por otro lado, también se encuentra imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el juicio, informaron a Télam fuentes judiciales.
En tanto, el excabo Rodríguez permaneció prófugo 20 años y luego de ser detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), estuvo bajo arresto domiciliario y fue excarcelado en marzo pasado.
En el debate, que fue pospuesto por la pandemia del coronavirus, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas (Díaz) sobrevivió.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el TOC 3 fijó dos semanas de audiencias, a realizarse de lunes a viernes, en un debate en el cual se prevé que declaren alrededor de 200 testigos Raquel Gazzanego, viuda del vendedor de libros Cicutín, dialogó con Télam y señaló que tiene expectativas de que «sea un juicio justo, como primera medida», y que su «deseo es que a todos les den cadena perpetua».
«Quiero que esto salga a la luz, que esto se termine y que esto se termine con justa justicia», agregó Raquel.
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
Todos los ex efectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».
