El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a 15 exrepresores por los delitos cometidos durante la última dictadura militar en 4 excentros clandestinos, resolverá el próximo 7 de noviembre si amplía la imputacióna por nuevos delitos de homicidio, violaciones, apropiación de menor y privación de la libertad de 50 niños y niñas que presenciaron el secuestro de sus padres.
Se trata del juicio que se realiza desde octubre del 2020 denominado «Brigadas», por los excentros que funcionaron en la Brigada policiales de Quilmes, de Bánfield, de Lanús y de San Justo durante la última dictadura civico-militar.
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel
Entre las 600 víctimas que pasaron por esos cuatro excentros clandestinos está Cristina Navajas, quien fue secuestrada embarazada y dio a luz en cautiverio a un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en el nieto recuperado número 133.
Durante la audiencia de hoy, el presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, anunció que el próximo 7 de noviembre se dará a conocer lo resuelto respecto al pedido de la fiscalía y querellas para ampliar las imputaciones para los exrepresores por delitos que se conocieron en el marco de este juicio que comenzó el 27 de octubre de 2020.
El 5 de septiembre último, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, pidió que se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores, con la incorporación de 16 casos de violencia sexual y varios homicidios que se conocieron durante este debate.
En esa audiencia se incorporaron 16 casos de violencia sexualizada, 13 de ellos cometidos contra mujeres y 3 de ellos contra víctimas hombres, quienes sufrieron manoseos y violaciones durante la tortura, con la introducción en el ano y la vagina de hierros o cucharas a través de las cuales les pasaban corriente eléctrica.
En esa oportunidad, Oberlin, destacó que «estos crímenes son imprescriptibles y se pueden juzgar hoy porque afectan un bien jurídico».
«No hay una pluralidad de víctimas en los crímenes de lesa humanidad. Hay una sola víctima, que es la humanidad. Son crímenes contra la humanidad», completó.
Consideró que «diferir el juzgamiento de estos hechos para volver a debatirlos en un juicio posterior, es sin dudas un dispendio enorme, además de una forma de revictimización notoria».
Ese mismo 5 de septiembre, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió se amplíen las imputaciones contra el exministro Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Federico Minicucci , Luis Horacio Castillo , Jorge Berges y Carlos Fontana por el delito de «retención y ocultamiento de un menor de 10 años» en perjuicio del hijo de Cristina Navajas cuyo caso ya se ventila en este juicio, quien se convirtió en el nieto recuperado 133.
A fines de septiembre, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió también que se impute a los exrepresores los delitos cometidos contra más de 50 niños y niñas que fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares.
«Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propias casas fueron usadas como espacios para aplicar torturas físicas y psicológicas, y que en muchos casos quedaban solos en esas casas tras llevarse a sus padres, o eran entregados a vecinos», detalló en esa oportunidad la abogada Verónica Bogliano, de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
Posteriormente, el resto de las querellas adhirieron a estos planteos en tanto la defensa de los represores rechazaron la posibilidad de ampliar las imputaciones por considerar que no está debidamente probado la participación de sus defendidos y por entender que no se instruyeron esos nuevos delitos, con lo que se estaría vulnerando el derecho a defensa.
El defensor oficial, Gastón Barreiro, también efectuó un planteo de nulidad ante el pedido de ampliación de las imputaciones solicitado por Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh) con respecto a delitos cometidos en la Brigada San Justo.
Durante esta audiencia, Barreiro fundamentó su pedido de nulidad y explicó que se debe a que la querella presentó su pedido «en formato papel».
Tras esto, el abogado del Codesedh, Alberto Palacio, hizo uso de la palabra y expresó que ese planteo «no debe prosperar porque la presentación por escrito el 12 de septiembre último, en la que adherimos a las ampliaciones solicitadas por fiscalía y resto de las querellas, la modalidad adoptada (en papel) tiene que ver con criterios basados en economía procesal y en homenaje a la brevedad y para agilizar este tramo del debate».
«Consideramos que la presentación además es extemporánea», remarcó.
La auxiliar fiscal, Ana Oberlín, consideró que el planteo del defensor oficial no debe prosperar ya que se trata «de un planteo de nulidad por nulidad misma».
Por su parte, la abogada Luz Santos Morón, de la querella de Justicia Ya, rechazó el planteo y consideró que el mismo «tiene por objetivo dilatar estos procesos que llevan recorrido en la justicia, por lo que es importante denegar la pretensión».