La deuda de 700 millones de pesos que el estado bonaerense tiene con la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) podría dejar sin servicio de diálisis a dos mil personas.
«No nos pagan las prestaciones desde abril y llevarlas adelante no resulta insostenible; nos asfixiaron económicamente”, dijo ayer Alfredo Cassaliba, titular de la ARD.
En este sentido Casaliba remarcó que “encima que la cuota de la prestación por paciente es un valor que ya quedó muy desactualizado, la mayoría de los institutos no reciben el pago desde marzo, otros desde abril, lo que nos pone en una situación angustiosa con deudas con bancos, empleados y proveedores”.
Originalmente este era un programa que dependía del Ministerio de Salud de la Nación para personas con pensiones no contributivas y que “más adelante” pasó a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad que a su vez “decidió dar la gerencia del programa a IOMA”.
IOMA a su vez recibe fondos de la provincia de Buenos Aires y un subsidio del gobierno nacional para hacer frente a los pagos. No obstante, fuentes del IOMA y de la cartera de salud bonaerense consultadas dijeron hoy que «no hay deuda» y que el programa sigue dependiendo de Salud de Nación.
Eso motivó que un legislador le solicitó al Poder Ejecutivo que a través del Instituto Obra Medico
Asistencial (IOMA) informe «de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis en el marco del Programa Incluir Salud que se presta en el ámbito de la provincia».
Entre los fundamentos, citó que «ante el desmesurado atraso en los pagos por el servicio de hemodiálisis por parte del IOMA», la ARD «suspendería la prestación del servicio a los pacientes de la Provincia que cuentan con la cobertura de la mencionada obra social».
Mencionó que desde ayer por esa situación miles de pacientes se quedan sin el servicio «ya que los distintos centros de diálisis se encontrarían atravesando una situación crítica y no contarían con los elementos básicos necesarios para afrontar la prestación».
En tanto, la ARD remitió a las Regiones Sanitarias de la provincia el listado de pacientes de cada localidad que se queda sin cobertura. Se trata de dos mil pacientes que realizan 13 tratamientos mensuales de diálisis, “que deberán ser derivados a los Hospitales públicos para continuar sus tratamientos”.