Los representantes de distintos partidos del conurbano bonaerense, entre ellos el de Lanús, junto a organizaciones de la sociedad civil, harán escuchar su voz este jueves en calidad de «amigos del tribunal» en una causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dictaminar sobre la potestad de los municipios para fijar tasas.
Se trata de un expediente iniciado por la petrolera Esso contra la Municipalidad de Quilmes a raíz de la aplicación de tasas municipales a su actividad en esa jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de una audiencia pública que se desarrollará este jueves a partir de las 10 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, fijarán posición, primero, una docena de expositores que, o bien actúan como «amicus curiae», amigos del tribunal, en el marco de esta causa, o bien son especialistas en la materia.
Se trata de un expediente iniciado en el 2017 merced a una denuncia realizada por la compañía petrolera Esso contra el municipio de Quilmes a raíz de la aplicación de una tasa por inspección de seguridad e higiene por dos estaciones de servicio ubicadas en ese partido del sur del conurbano.
El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de un recurso extraordinario interpuesto por la demandante luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la desestimación de la demanda.
La convocatoria a la audiencia pública, que primero había sido fijada para el 29 de mayo pasado pero que, una semana antes de esa fecha, fue postergada para el 6 de este mes, fue realizada por la ministra de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco.
En este expediente, el presidente del máximo tribunal de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir, petición que fue aceptada por sus pares.
Tras la exposición de especialistas y «amicus curiae», tendrán la posibilidad de exponer los argumentos de sus respectivas posturas tanto la petrolera Esso como el municipio de Quilmes, conducido por Martiniano Molina (Cambiemos).
Entre las ONG e instituciones que se anotaron para exponer sus puntos de vista se cuentan el Centro de Estudios de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS); la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y la Asociación Civil de Estudios Constitucionales.
También, pidieron expresarse en forma conjunta -sin distinción de colores políticos- los municipios de Lanús, Lomas de Zamora, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Pinamar y Pergamino, entre otros.
A ellos se sumaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Federación Argentina de Municipios (FAM), la sección bonaerense de la UIA, el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
De acuerdo con las reglas fijadas por el Máximo Tribunal, las exposiciones no podrán excederse de los diez minutos.
