La Comisión provincial por la Memoria emitió un informe en
el que denuncia que Argentina “está atravesando un duro momento en materia de
derechos humanos” y que la “caída del poder adquisitivo del salario, la pérdida
de puestos de trabajo, los despidos en el sector público y el aumento de la
pobreza son indicadores de la fuerte regresión que se vive en materia de
derechos económicos, sociales y culturales”.
“El Estado ha abandonado las políticas de inclusión y ha
endurecido las políticas represivas, en un contexto donde la legalidad es
vulnerada desde el propio poder judicial”, agrega.
endurecido las políticas represivas, en un contexto donde la legalidad es
vulnerada desde el propio poder judicial”, agrega.
Asimismo, explican que se ha incrementado “el punitivismo de
manera exponencial llevando a records históricos de los índices de
prisionización y la ocupación policial del territorio que generan violencia y
abusos de poder cada vez más preocupantes. Estos no sólo no se contienen y
sancionan, sino que se promueven y valoran”.
manera exponencial llevando a records históricos de los índices de
prisionización y la ocupación policial del territorio que generan violencia y
abusos de poder cada vez más preocupantes. Estos no sólo no se contienen y
sancionan, sino que se promueven y valoran”.
“Por otra, se reprime de manera violenta y sistemática la
protesta social, que es estigmatizada y sancionada desde el discurso de los
medios hegemónicos oficiales y del gobierno, lo que también se hace con las
organizaciones y los dirigentes sindicales y sociales que las encabezan. En el
mismo sentido, la persecución penal a opositores políticos no respeta las
mínimas garantías constitucionales, extendiendo así las prácticas judiciales
arbitrarias y violentas que cotidianamente se despliegan contra las poblaciones
vulnerables, como dispositivos de cercenamiento de la disidencia política”,
añaden.
protesta social, que es estigmatizada y sancionada desde el discurso de los
medios hegemónicos oficiales y del gobierno, lo que también se hace con las
organizaciones y los dirigentes sindicales y sociales que las encabezan. En el
mismo sentido, la persecución penal a opositores políticos no respeta las
mínimas garantías constitucionales, extendiendo así las prácticas judiciales
arbitrarias y violentas que cotidianamente se despliegan contra las poblaciones
vulnerables, como dispositivos de cercenamiento de la disidencia política”,
añaden.
Desde la Comisión expresaron que en el país “hay miles de
personas privadas de su libertad en condiciones inhumanas, sólo por ser pobres.
El sistema penal se utiliza para disciplinar a los sectores de la población
excluidos del mercado y el acceso a derechos. Y también hay personas privadas
de su libertad por ser activistas sociales y políticos, como forma de denostar
y criminalizar la protesta y el disenso”.
personas privadas de su libertad en condiciones inhumanas, sólo por ser pobres.
El sistema penal se utiliza para disciplinar a los sectores de la población
excluidos del mercado y el acceso a derechos. Y también hay personas privadas
de su libertad por ser activistas sociales y políticos, como forma de denostar
y criminalizar la protesta y el disenso”.
“Al mismo tiempo, se extienden los episodios violentos
(amenazas, secuestros, torturas, intimidaciones) contra activistas y
organizaciones que protestan y se expresan en los marcos que la democracia
garantiza, configurándose un escenario cada vez más complejo, violento e
imprevisible. Surgen de grupos parapoliciales – no identificados aún – que se
cobijan en las omisiones y acciones del estado y en un discurso público que
estigmatiza y criminaliza los actos colectivos en defensa de derechos”, sigue.
(amenazas, secuestros, torturas, intimidaciones) contra activistas y
organizaciones que protestan y se expresan en los marcos que la democracia
garantiza, configurándose un escenario cada vez más complejo, violento e
imprevisible. Surgen de grupos parapoliciales – no identificados aún – que se
cobijan en las omisiones y acciones del estado y en un discurso público que
estigmatiza y criminaliza los actos colectivos en defensa de derechos”, sigue.
Y concluye: “Hacemos un llamado al gobierno y a los
representantes del pueblo, para que las soluciones que se promuevan sean en el
marco del estado de derecho, construyendo una sociedad desde la paz, la
inclusión social y la profundización de los derechos humanos de todas las
personas que habitan nuestro país”.
representantes del pueblo, para que las soluciones que se promuevan sean en el
marco del estado de derecho, construyendo una sociedad desde la paz, la
inclusión social y la profundización de los derechos humanos de todas las
personas que habitan nuestro país”.