El juez Claudio Bonadio procesó al ex rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta; al ex rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Horacio Gegunde; a y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, en el marco de una causa contra ex autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), directivos de productoras cinematográficas, fundaciones y entidades educativas por «supuesta malversación de caudales públicos» a raíz de falta de rendición e irregularidades en la entrega de subsidios.
Ante la resolución del juez Bonadio, el Consejo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) se «solidariza plenamente con la Rectora quien, dueña de una trayectoria impecable en su vida personal, profesional y al frente de la Universidad, no merece ser involucrada en situaciones que, disfrazadas con términos leguleyos, no significan otra cosa que una persecución lisa y llana a personalidades de la cultura, la educación y la política, consecuentes con la causa nacional y las libertades democráticas. Este Consejo Social Comunitario entiende que el procesamiento se inscribe en la serie de ataques que se vienen realizando contra personas e instituciones comprometidas con la educación pública estatal, la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles y en la lucha por universidades de puertas abiertas a todo el pueblo argentino, especialmente para los sectores humildes de nuestra sociedad.Tampoco se nos escapa que el juez federal Claudio Bonadio, a lo largo de su carrera acumuló más de cincuenta denuncias ante el Consejo de la Magistratura, algunas de ellas por delitos graves».
Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Modernización de La Nación llegaron a la UNLa para impulsar un Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica. Ante la noticia, el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes (ATUNLa) denunció que «el Convenio tiene por única finalidad implícita la implementación del Plan Nacional de Modernización del Estado (Decreto 434/2016), el cual consiste en el achicamiento sistemático de la planta de trabajadores y trabajadoras, con su correlato de despidos masivos».
«La totalidad del Convenio y su objetivo real, de marcado corte neoliberal, colisionan directamente con la autonomía universitaria y con los mecanismos desarrollados al interior del Sistema Universitario Nacional para evaluar las actividades de las Universidades Públicas, así como también con la idea y la función social de una Universidad Urbana Comprometida, con su multiplicidad de tareas y su aporte a la sociedad no solo en materia de formación sino también de investigación y cooperación», indicaron en un comunicado.
