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El Partido Obrero reiteró críticas a la política de seguridad del Municipio

El Partido Obrero reiteró críticas
a la política de seguridad implementada desde el Municipio de Lanús y sostiene
que la administración local “ha incorporado todas las medidas de
seguridad que recomiendan los contendientes políticos por derecha”.

En un comunicado de
prensa, el partido de izquierda sostiene que eses políticas se resumen en “la
colocación de cámaras y el establecimiento de un centro de monitoreo de la
inseguridad; el despilfarro de dinero en la contratación de un helicóptero que
sobrevuela las calles del distrito una hora por día; la instalación de
patrullas de «Protección Ciudadana» a costas de un nuevo impuesto
al bolsillo de los trabajadores, cuya tarea en el mejor de los casos es exhibir
públicamente los nuevos patrulleros (como los que posan en medio de la estación
Lanús)”.
En el mismo sentido,
sostienen que “ante esta ola de delitos la reacción del ejecutivo municipal ha
sido tomar medidas tendientes a reforzar el aparato de “seguridad” del distrito”.
“No solo saludó el
traslado de la dotación de gendarmes que ahora vigilan los barrios más
carenciados (cuestión que nos lo recuerda el enorme cartel montado en la
estación Lanús), sino que también ha incorporado todas las medidas de seguridad
que recomiendan sus contendientes políticos por derecha”.
“En la reunión que
compartieron Scioli, Casal y Darío Díaz Pérez acordaron el traslado de 10
nuevos patrulleros y 100 efectivos más para dotar las comisarías de Lanús, en
lo que es la continuidad de un reforzamiento del aparato represivo del estado
que hasta el momento parece no dar resultados ante el problema del delito. Lo
que se expresa de fondo es el fracaso de una política de reforzamiento de la
policía bonaerense y su complementación con nuevos efectivos municipales”,
afirma el comunicado.
Asimismo, sostiene que “el
origen de esta ola de crímenes se encuentra en la descomposición de las fuerzas
de ‘seguridad’, que no solo se encuentran integradas a las redes de
delincuencia, sino que son las que operan la administración de una estructura
ilegal capaz de encauzar el negocio fabuloso que va desde los delitos menores
hasta el tráfico de estupefacientes”.
Además de pedir el
esclarecimiento de los crímenes acaecidos, desde el PO claman por “la
destitución de las cúpulas policiales, la conformación de una fuerza de
seguridad ciudadana bajo control de organismos sociales y de DDHH, y el control
ciudadano de los libros de guardia y partes diarios de las comisarías”.

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